Cierre de frontera

18_October_2014_Venezuela_protest_3

El ataque a 2 soldados venezolanos presuntamente por células paramilitares colombianas motivo al gobierno venezolano a cerrar por 72 horas los municipios fronterizos de San Antonio del Táchira, Ureña, Junín y Bolívar ubicados en el Estado Táchira, zona Occidental del País.

De acuerdo con el gobierno esta acción tuvo por objeto no solo responder al ataque en contra de los dos soldados venezolanos sino también restablecer el orden, la paz, la convivencia, estabilizar y regularizar el movimiento económico de esa zona, seriamente afectado por el para-militarismo, las mafias de narcotraficantes incrustadas en la frontera, los indocumentados y el contrabando a gran escala de gasolina y de alimentos entre otros.

El cierre de la frontera estuvo acompañado paralelamente de deportaciones promovidas como parte de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, un operativo policial establecido por el gobierno para frenar la proliferación de bandas delictivas.

Para enfrentar esta situación, además de las fuerzas militares tradicionales de frontera como son la Guardia Nacional y la Policía Bolivariana el gobierno venezolano consideró necesario elevar al máximo la presencia militar. Según el Obispo de San Cristóbal (Capital del Estado Táchira), Monseñor Mario Moronta y del señor Felipe González, Relator de Derechos Humanos de los Migrantes, el cierre y militarización de la frontera unido al uso excesivo de las fuerzas policiales y militares, trajo como consecuencia la deportación colectiva (en algunos casos con pérdida de sus viviendas) y arbitraria de ciudadanos colombo-venezolanos ,muchos de ellos legalmente establecidos en el país.

Amparándose en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 11 de la Constitución el gobierno procedió a decretar por 72 horas el estado de excepción. Posteriormente El 7 de Septiembre el presidente Nicolás Maduro se extendió en tiempo y espacios territoriales y decretó el cierre del paso fronterizo: Guarero (Venezuela) Paraguachon (Colombia), ubicado en el Municipio la Guajira del Estado Zulia. Esta acción presidencial, fue apoyada por el gobierno central, regional y local .

El CIERRE Y SU IMPACTO EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS

A pesar que el pueblo indígena Wayúu es uno de los grupos humanos más afectados por estas medidas (residen en los 600 kilómetros de frontera colombo-venezolana) la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Clara Vidal expresó su respaldo a “cualquier medida que tome el ejecutivo nacional que permita tener una frontera con acceso a los alimentos, a la salud y la educación”. Igualmente el Presidente del grupo venezolano del Parlamento Indígena de América José Luis González, propuso extender el cierre a toda la frontera con Colombia. También respaldó al estado de excepción y sugirió que el mismo debería llevarse a las zonas mineras del Sur del país donde según González han muerto centenares de indígenas. González también apoyo lo señalado por el Presidente Nicolás Maduro, sobre la creación de un nuevo concepto de frontera con Colombia en el marco de la Constitución Bolivariana y de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.

El Alcalde del Municipio Guajira Herbert Chacón declaró en prensa que de las 25.000 familias que residen en la Guajira, 18.0000 son beneficiarios/as del Mercal Comunal y garantizó 25 mil bolsas de comida con productos suficientes para alimentar a los Wayúu de ambas fronteras.

El 22 de Septiembre el diario El Correo del Orinoco publicó la reunión convocada por el Consejo Legislativo del Estado Zulia, realizada en Paraguaipoa, Municipio Guajira donde participaron diputados y diputadas de diferentes tendencias, representantes de consejos comunales de varias comunidades Wayúu y del pueblo en general. El articulo reporta que en su mayoría todos los participantes en la reunión estaban de acuerdo con el cierre de la frontera.

Sin embargo en la misma reunión David González, representante de la Comisión de Derechos Humanos de la zona intervino diciendo que “los funcionarios policiales no le han dado a los indígenas el trato que se merecen, los tratan como si fueran “bachaqueros”, sigue la inseguridad y el mal trato y “conchupancia” de parte de las autoridades en los puntos de control y el suministro de alimentos y artículos de higiene personal han llegado solo a determinadas zonas”.

En compensación por todas estas penurias, alegaron los diputados presentes , que el Gobierno Nacional aumento el despacho de productos esenciales para más de 25 mil familias asentadas en la zona. Además el gobierno esta trabajando en la contratación de 10 camiones cisternas para solucionar el problema del agua y 10 metro buses para el transporte. Otro de los problemas identificados es que la zona esta dividida en 58 sectores, los cuales son atendidos por 26 consejos comunales. La ayuda gubernamental establece que para poder recibir los alimentos tienen que tener activados unos códigos llamados SADA y lamentablemente quienes no tengan los códigos no podrán recibir ayuda.

En esta reunión también estuvo presente el diputado opositor Elíseo Fermín quien animo a los que no pertenecían a los “Consejos Comunales a que expusieran sus reclamos y a no dejarse engañar por falsas promesas gubernamentales”.

La máxima autoridad educativa de la Zona: Profesora María Queipo y Karyn Herrera, Directora Nacional de Educación Intercultural informaron que el gobierno ha aprovechado los acontecimientos fronterizos en el municipio para hacer entrega en los centros educativos de 1.500 “Canaimitas” (Computadoras educativas). También informó del proyecto de reinserción escolar. Explicó que de 25 mil niños registrados en la zona, mil dejan las aulas para ponerse a trabajar, muchos se ubican en la Troncal del Caribe y desde allí llevan contrabando hacia Colombia.

A pesar que el cierre de la frontera con Colombia cuenta con el respaldo del ejecutivo nacional tanto grupos indígenas como instituciones han alertado sobre las consecuencias de tales medidas. Como expreso el Jesuita José Virtuoso, Rector de la Universidad Católica Andrés Bello “Siempre son los pobres los que se llevan la peor parte, en este caso los indígenas, el cierre y el atropello en la frontera no van a eliminar las causas del contrabando”.

En Puerto Ayacucho indígenas del Pueblo Minga se movilizaron para alzar su voz de protesta en contra del Operativo Liberación del Pueblo. Un articulo del “Diario Gente Hoy” informo que el 21 de Septiembre, indígenas Ingas haber sufrido vejaciones, atropellos, hurtos y abusos verbales por parte de los militares que participaron en el operativo policial.

UN PROBLEMA SIN SOLUCION INMEDIATA

Durante todo el mes de Septiembre las tensiones entre los dos países han alcanzados niveles nunca visto. Colombia acudió a la ONU y ante la Corte Penal Internacional y denuncio a Venezuela. Por su parte Venezuela denigró, de la OEA cuando intervino y se apoyó en UNASUR.

El 21 de Septiembre por intermediación de los presidentes Tabaré Vásquez (Uruguay) y Rafael Correa ( Ecuador), los Presidentes de Venezuela y Colombia se reunieron en Quito-Ecuador y acordaron un pacto de convivencia, de coexistencia, respeto, igualdad y paz entre ambos países y adelantaron acciones bilaterales para normalizar la frontera, el retorno inmediato de los respectivos embajadores así como la coexistencia de los modelos políticos existentes, se consideró que a través de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) se podrán idear estrategias para liberar la frontera colombo-venezolana de grupos ilegales dedicados al contrabando de extracción y al para-militarismo.

A pesar del retorno a la normalidad, la frontera sigue con sus problemas de falta de alimentos, medicinas, gasolina, transporte, agua, electricidad y muchos otros productos esenciales. Esta situación, siguiere que los problemas de las poblaciones no van a ser solucionados de inmediato con la re-apertura de la frontera,