Consideraciones preliminares sobre la propuesta de Plan Nacional de Derechos Humanos del gobierno venezolano.

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I. Los derechos humanos en el marco del Plan de la Nación (Plan de la Patria).

Como es ya conocido en el ámbito político doméstico, en los actuales momentos el gobierno venezolano está realizando una consulta pública general –esto es, a la sociedad en su conjunto– para que las venezolanas y venezolanos “expresen” sus consideraciones sobre la propuesta de Plan Nacional de Derechos Humanos1 que ha elaborado la Comisión Nacional de Derechos Humanos –instancia adscrita a la Vicepresidencia de la República–, oficialmente creada el viernes 04 de abril de 2014, a través del Decreto Presidencial Nº 876 publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.386. Dicha instancia tiene la responsabilidad de “coordinar, apoyar e impulsar las políticas públicas estatales dirigidas a garantizar el libre ejercicio de los derechos humanos, así como su «protección y resguardo», en la búsqueda de la paz y la justicia social”.

En virtud de lo anterior, distintas personalidades, organizaciones sociales y no gubernamentales han manifestado por distintos medios de información y comunicación (incluyendo portales Web y redes sociales) sus opiniones y pareceres, no sólo respecto del contenido de la propuesta, sino también sobre los términos y modalidades de la convocatoria para participar en su discusión y perfeccionamiento. Dentro de las numerosas observaciones y críticas que han sido publicadas, resalta el comunicado de las Organizaciones Sociales Independientes aparecido en el boletín en línea del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos2, conocido por sus siglas como PROVEA, el viernes 28 de agosto. Allí se señala grosso modo –entre otras cuestiones– lo siguiente: En primer lugar, no se publican todos los contenidos del plan, sólo líneas generales y aspectos de interés para el Ejecutivo. En segundo lugar, no se contempla la construcción colectiva, objetiva y consensuada de un diagnóstico, lo cual implica el no reconocimiento de los problemas que deben resolverse para garantizar la totalidad de los derechos que afectan a todos los venezolanos. En tercer lugar, la propuesta no desarrolla la metodología que se implementará para alcanzar cada uno de los objetivos planteados, así como tampoco detalla los mecanismos e instituciones responsables que se encargarán de llevarlos a cabo, ni señala los recursos presupuestarios con los que se contará para ejecutar el Plan.

Sin duda, estos señalamientos que hacen las Organizaciones Sociales Independientes son muy pertinentes, especialmente si se tiene en cuenta que advierten sobre la necesidad de respetar la lógica de los enfoques vigentes sobre planificación. Estas perspectivas establecen que un plan es el instrumento que le da viabilidad técnica a una determinada Política –con mayúscula– y se manifiesta a través de un documento sistemático y analítico que vincula operaciones con objetivos, y a éstos con la asignación de los recursos necesarios para su consecución, previa identificación de uno o varios problemas (diagnóstico).

Ahora bien, siendo la Política el espacio de los lineamientos estratégicos, de las grandes orientaciones, de las intenciones a largo plazo donde se deben inscribir los planes de un país, uno de los aspectos más controversiales que presenta el Plan Nacional de DD.HH. sometido a consulta pública es el concerniente al Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, mejor conocido como El Plan de la Patria3. Recordemos que este fue el programa de gobierno propuesto por el presidente Hugo Chávez durante la campaña presidencial del año 2012. Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos afirma que el Plan presentado “se fundamenta y contribuye directamente al desarrollo de los siguientes Objetivos históricos y Objetivos Nacionales; a saber: […] Objetivo nacional 1 «garantizar la continuidad y consolidación de la Revolución Bolivariana». Gran Objetivo Histórico número 2: «Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo, y con ello asegurar la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política para nuestro pueblo»”. No obstante, la decisión de subordinar la propuesta sobre la política pública del Estado en materia de derechos humanos al Plan de la Patria, antes que responder a un criterio técnico de planificación, parece obedecer al deseo de imponer un modelo socio-político que no cuenta con el beneplácito de casi la mitad de la población, a juzgar por la cantidad de votos alcanzados por Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, celebradas a raíz de la muerte del presidente Chávez. Según los datos oficiales publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Nicolás Maduro –presentado en la contienda electoral como hijo y heredero del legado de Hugo Chávez– ganó con 7.505.338 votos, es decir, el 50,6%; mientras que Enrique Capriles –candidato de la coalición opositora– alcanzó la inesperada cifra de 7.270.430 votos logrando el 49,07%.

Esa tendencia a la pérdida de apoyo popular del Gobierno, constatada en los resultados comiciales, se viene evidenciando desde las elecciones legislativas del 26 de septiembre de 2010. Los resultados de ese proceso eleccionario arrojaron 5.423.324 votos para el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y 5.320.364 votos para la coalición opositora, congregada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Es decir, en términos del total de votos la diferencia entre ambas facciones políticas fue menor al 1%. Pero debido a la entrada en vigencia de una nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales4 –aprobada previamente– el partido de gobierno obtuvo 98 escaños en contraste con la MUD que apenas alcanzó 65 curules. Por ello, en el marco de esta realidad tan contundente, es difícil justificar la insistencia del Ejecutivo en «acelerar el tránsito hacia una democracia socialista» en su propuesta de Plan Nacional de Derechos Humanos.

II. Los derechos morales vistos como derechos humanos.

Hoy día pudiera pensarse –especialmente si se considera el status oficial que han adquirido los derechos humanos y la justicia en el ámbito del derecho internacional– que la reflexión sobre el discurso y la retórica imperantes acerca de los derechos humanos constituye una tarea superflua e innecesaria. Sin embargo, tal como lo afirma Amartya Sen5 «la aparente victoria de la idea y uso de los derechos humanos coexiste con la presencia de un cierto escepticismo real, en algunos círculos críticos, sobre la profundidad y la coherencia de este enfoque. Se sospecha que es algo simplista toda la estructura conceptual que subyace en la oratoria sobre los derechos humanos». Pero si tal fenómeno tiene lugar en países donde el funcionamiento del Estado y sus instituciones gozan de una relativa autonomía –además de contar con una larga tradición académica y una amplia producción intelectual–, no es de extrañar que en el contexto de los países latinoamericanos, especialmente en un país como Venezuela –donde la noción de lo público y sus categorías asociadas, esto es, Estado, ciudadanía, legalidad, despersonalización, burocracia, centralización, etc., se manifiestan de una forma tan singular que su significado original parece desvanecerse casi por completo6–, la situación sea comparativamente mejor.

Por consiguiente, lo observado en las numerosas opiniones y críticas que han sido publicadas en los distintos medios de comunicación, en términos generales, es que se asume la reflexión relativa a qué y cómo debemos entender los derechos humanos como una deuda ya saldada. Sin embargo, basta leer el Plan Nacional de Derechos Humanos que está proponiendo el gobierno venezolano para darse cuenta de la apremiante necesidad de reflexionar sobre cómo se están concibiendo los derechos humanos en el país. Dicha exigencia no es un mero capricho de orden intelectual, sino que obedece a la ineludible obligación de juzgar racionalmente los problemas concretos inherentes al reconocimiento de los derechos humanos.

Ahora bien, para comprender qué significa el concepto de derechos humanos se debe comenzar por aclarar el concepto de derecho general7. El «derecho subjetivo» ha sido “descubierto” en la Edad Media. Bajo derecho subjetivo se entiende el derecho del Sujeto. Por ejemplo, cuando decimos que si alguien nos ha hecho una promesa tenemos el derecho de que la cumpla, o, si tenemos una propiedad que nadie no las quite, etcétera. En este mismo sentido también los derechos humanos son derechos subjetivos, es decir, de sujetos, en contraste con otro uso de la palabra «derecho» que se denomina objetivo, la cual se emplea para aludir al conjunto de normas legales. Esta última connotación se utiliza cuando se habla del derecho civil o del derecho internacional. Así, pues, cuando hablamos de derecho subjetivo, eso no significa que sea algo visto meramente desde una perspectiva subjetiva; no. Simplemente significa que es el derecho de un sujeto o de todos los sujetos y esto sí que puede ser algo muy objetivo. El problema con esta formulación reside en que podría parecer que el derecho es sencillamente el concepto complementario de una obligación, y resulta que el concepto de «derecho» no es –estrictamente hablando– el concepto recíproco del concepto de obligación. Una manera ilustrativa de explicarlo es dándonos cuenta que podemos tener obligaciones en relación con las cuales no hay derechos, por ejemplo cuando uno tiene una obligación hacia sí mismo (uno no puede tener un derecho contra sí mismo); mas también –y esto es más relevante– uno puede tener una obligación hacia otro ser en casos en que a esta obligación no le corresponde un derecho de ese ser. En tales casos, debemos admitir que el problema de nuestras obligaciones con los animales –extendidas en las Constituciones de Ecuador y Bolivia a la Naturaleza en su conjunto, la Madre Tierra o Pacha Mama– es que son poca claras; aun cuando la mayoría de las personas propugnaría que sí tenemos obligaciones hacia la Naturaleza y los animales, esto no implica que los mismos tengan derechos correspondientes. La razón radica en que cuando alguien tiene un derecho, se asume que tiene la posibilidad de reclamar ese derecho, es decir, que la obligación recíproca se cumpla, y también tiene la posibilidad de renunciar al cumplimiento (los animales y la Naturaleza no pueden ni reclamar ni renunciar).

De esta manera, hemos arribado a una primera aproximación del sentido de un derecho. Ser el sujeto de un derecho no significa simplemente ser el objeto de una obligación, uno no es un mero recipiente, sino que uno detenta un cierto poder: la obligación es un asunto que se debe a mí. Esto se puede percibir nítidamente en los casos más elementales de los llamados «derechos especiales», bajo los cuales se entiende que la relación de derecho y obligación correspondiente se da solamente entre personas, vale decir, estos son derechos que se establecen, que se crean. Por ejemplo, cuando le presto algo a otra persona, con ello se crea la obligación de devolverlo y uno mismo tiene entonces el derecho de reclamarlo.

Consecuentemente, cuando hablamos de obligaciones, para poder entenderlas, debemos preguntarnos qué sucede si no las cumplimos. Aquí se trata de lo que podemos llamar sanción. Por lo tanto, en un sentido amplio no hay obligación sin posible sanción. No obstante, cuando un niño/a aprende qué significa hacer una promesa y cumplir una promesa, aprende al mismo tiempo que si no la cumple esto es algo malo. Pero esa «valoración moral» es una cuestión adicional. Lo que queremos poner de manifiesto es que aun en una sociedad sin moral –si cosa semejante pudiese imaginarse– se podría aprender el juego de prometer, y que por consiguiente existe un sentido muy elemental de derecho y obligación correspondiente que no presupone ni luz ni moral. De ahí que obligaciones de diferentes tipos se pueden superponer unas a otras, y, paralelamente, también diferentes tipos de derechos. Por ejemplo, el contrato –que es una promesa– puede entenderse en un primer nivel como un mero juego, pero en un segundo nivel, el cumplimiento de un contrato puede entrar en la ley y entonces hay un derecho legal a que se cumpla el contrato; además, el cumplimiento del contrato puede entrar al sistema moral directamente o como norma legal, es ahí cuando podemos decir que uno tiene un derecho moral a que se cumpla el contrato. Lo aprendido hasta acá es que no sólo los derechos especiales pueden llegar a ser legal y moralmente reconocidos, sino que una gran parte de las otras normas –tanto morales como legales– pueden ser pensadas de tal manera que tengan el sentido de corresponder a derechos de las personas hacia las cuales existen obligaciones. Así es como surge el concepto de «derechos subjetivos generales», los cuales no están fundamentados en actos individuales entre dos personas como lo puede ser una promesa. Una sociedad donde se reconocen derechos subjetivos generales8 es una sociedad donde se considera que hay derechos que el hombre y la mujer, por su sola condición de seres humanos, tienen y que no le son otorgados. Esto quiere decir que concibe a sus miembros como portadores de derechos, ya no exclusivamente legales, y que por esto se han denominado «derechos naturales». Cuando estos derechos –a los cuales podemos llamar derechos morales– son reconocidos como derechos fundamentales en el sistema legal, se les conoce como «derechos humanos». Por lo tanto, solo si entendemos los derechos humanos como la institucionalización legal de los derechos morales, podremos juzgar racionalmente sobre los problemas concretos concernientes a qué derechos humanos debe haber.

Comencemos entonces examinando qué significa para la moral el que se haya admitido hablar de «derechos morales». Es importante advertir que las concepciones morales anteriores han estado fundadas o en el concepto de virtud o en el concepto de obligación. Una moral fundamentada en la virtud era la moral griega, una basada en el concepto de obligación era la del antiguo testamento. En todo caso, lo que interesa destacar es que en una moral afincada en el concepto de obligación las cuestiones son vistas primeramente desde el lado de la persona obligada, mientras que en una moral de derecho las cosas son vistas primariamente desde el recipiente y, por lo tanto, la obligación de la persona responsable es una mera consecuencia del rol de recipiente como portador de derechos. Pero ¿en qué consiste un derecho moral?, ¿en qué se distingue esta moral de una moral basada en puras obligaciones? Aquí podemos apoyarnos en lo que se ha dicho sobre los derechos especiales: lo característico de tener un derecho es que la persona que lo posee lo puede reclamar. Si la obligación no depende de un derecho de alguien, entonces simplemente asumimos que una persona está obligada a actuar de tal y tal manera, independientemente de que esa manera de actuar posea un destinatario, por ejemplo si tenemos la obligación de no maltratar a los animales. Pero si la obligación sí depende de un derecho del destinatario, no sólo tenemos la obligación de hacer tal y tal cosa sino que le “estamos obligados” a esta persona, y en ese caso se nos impone hablar también de una «responsabilidad» hacia ella. Si mi madre tiene el derecho a que yo cumpla con una promesa que le he hecho, a este derecho le corresponde una responsabilidad mía, una responsabilidad que no es abstracta sino que la tengo con ella. La moral basada en derechos es por consiguiente una moral de responsabilidad. Mis obligaciones hacia la persona que tiene derechos morales no es como una gracia que se le concede, por el contrario es algo que se lo debo a ella. Ella no sólo tiene derechos, sino que tiene el derecho de reclamarlos, de pedir que los otros/as cumplan con sus deberes hacia ella.

Aun así, sabemos que no es suficiente justificar la ampliación moral del concepto de derecho con lo antes expuesto, pues en el caso de los derechos especiales, y más todavía en el de los derechos legales, estos derechos le han sido otorgados a una persona por la promesa de otra –o algo similar– o bien por la ley. ¿En qué términos podemos referirnos entonces a un derecho no otorgado? En el siglo XVIII se hablaba de «derechos naturales», y esto ha sido entendido por muchos como si todos los seres humanos tuviéramos estos derechos igual a como tenemos un cerebro o un corazón. Sin embargo, la expresión «derecho natural» puede tener un buen sentido si la entendemos como el derecho que los seres humanos poseemos independientemente de cualquier sistema legal positivo. Desde este punto de vista, “natural” significa únicamente «anterior a la ley», como lo son precisamente los derechos morales, aunque es obvio que no sean naturales en el sentido que nazcamos con ellos o que estemos dotados de ellos al margen del contexto social. Aquí es muy importante observar la relación entre el concepto de respeto y el concepto de derecho moral. Cuando decimos de una persona que se respeta a sí misma, o, como también se dice, que tiene un sentido de su propia dignidad, estamos aludiendo a esa persona como poseedora de derechos morales. De esto resulta que suponemos una concepción de «moral de respeto mutuo», y es esta moral, o para decirlo tal vez más claramente, somos nosotros mismos quienes, al concebirnos bajo esta moral, otorgamos los derechos morales a todas y todos. De conformidad con este razonamiento, en el supuesto que hubiera derechos que no fuesen otorgados se resolvería de la manera más simple: también estos derechos fundamentales les tienen que ser otorgados a sus portadores, sólo que ya no les serán otorgados ni por actos particulares ni por la ley, sino por todas y todos al concebirnos bajo una moral de respeto universal. Por consiguiente, no existe derecho que no sea otorgado, y si se piensa en los derechos fundamentales como no otorgados, esto estrictamente quiere decir que no son otorgados por algo arbitrario como un acto particular o un sistema legal. Solo si nos vemos desde la perspectiva moral de respeto universal, podemos decir que todos los seres humanos tenemos esos derechos.

Hecho este recorrido, se impone la pregunta ¿cuáles son estos derechos fundamentales? Como se sabe, el contenido de los derechos humanos ha ido desarrollándose a lo largo de la historia. Uno de los primeros derechos es el de no ser arrestado arbitrariamente y contar con el beneficio de un proceso legal, después se introdujo la idea de un derecho constitucional de libertad de religión y de pensamiento. Más tarde se plantearon –con las revoluciones norteamericana y francesa– los demás derechos de libertades, junto con el complejo de derechos relativos a la participación política. Luego de la segunda guerra mundial han surgido los derechos socio-económicos y, a fines del siglo pasado los derechos culturales. Tal desarrollo pudiera hacer pensar que esos derechos exhiben una relatividad histórica, pero la realidad parece indicar lo contrario en cada caso –con la posible excepción de los derechos económicos– porque una vez que han sido establecidos esos derechos ya no luce factible negarlos. En ese sentido, como lo han señalado muchos juristas, los derechos nacen como respuesta a males que llaman la atención de la “opinión pública”. No obstante, por el mismo hecho de ser males, y males que surgen en el contexto de un estado político contra los cuales los ciudadanos deben ser protegidos legalmente, no pueden ser considerados como fines relativos. De ahí que se diga que los derechos humanos han sido paulatinamente no sólo propuestos sino descubiertos; «descubiertos» para acentuar que no tienen nada de subjetivo o relativo, una vez concebida la moral de respeto universal.

Acordemos llegados a este punto –aunque sea por razones didácticas– que existen por lo menos dos concepciones diferentes respecto del fundamento de los derechos humanos. Una se basa en la necesidad de proteger la libertad del hombre y de la mujer. El concepto principal en este caso es el de «libertad». La otra se basa en el concepto de la dignidad del hombre y de la mujer, en esta es la «dignidad» la que debe ser protegida por los derechos fundamentales. Ahora bien, la diferencia entre estas dos concepciones se expresa a su vez en dos concepciones del Estado político. La primera implica una idea de Estado político mínimo que simplemente tiene la función de proteger a los individuos los unos de los otros. Esta perspectiva ha llevado a una concepción de derechos humanos puramente negativos, donde el individuo está protegido –formalmente hablando, claro está– tanto contra el poder del Estado como contra las incursiones de otros sujetos que atenten contra su libertad. De ahí se desprende una noción de derechos humanos que pudiéramos llamar derechos de «libertados». Sin embargo, todo parece indicar que la manera más adecuada de justificar los derechos fundamentales es apelando a una concepción moral. Solo así se puede afirmar que el respeto por la libertad de cada uno es un elemento necesario de cualquier moral, y, en particular, de una moral de respeto universal. Se podría incluso decir que el reconocimiento de cada uno como un ser libre, autónomo, es condición sine qua non para lo se entiende por respeto. Pero que el respeto por la libertad sea una característica central de una moral de respeto universal, no significa que sea el único elemento: ello sería la pretensión de un «libertarismo» a ultranza.

En consecuencia, los esfuerzos por superar ese libertarismo –con miras a plantear una concepción mucho más trascendente de los derechos humanos– incorporando al concepto de libertad negativa (entendida como estar libre de coerción, ya sea como resultado de la actuación de otra persona o de la ley) el de libertad positiva (cuando una persona tiene la capacidad y la oportunidad de actuar), también resultan insuficientes. Pues en última instancia, se trata de un asunto puramente convencional si preferimos hablar de libertad en un sentido o en otro, lo cual demuestra que el concepto de libertad –independientemente de la manera en que lo entendamos– no puede servir de fundamento a una discusión más consistente de los derechos humanos. El fundamento solamente puede ser la moral en su conjunto y, únicamente con referencia a ésta, se puede justificar que no sólo la libertad negativa sino también la libertad positiva son igual de importantes. De hecho, si la ayuda del Estado debe consistir no en el simple suministro económico sino en la creación de oportunidades para que el individuo se pueda ayudar a sí mismo, eso es precisamente consecuencia de la moral de respeto por la dignidad del individuo. Por ejemplo, el derecho al trabajo, que es un derecho positivo y no garantizado en ningún país –llámese socialista o capitalista– sería desde esta perspectiva un tal derecho de crear oportunidades. El problema radica en que la mera garantía de libertad positiva no luce suficiente porque hay algunos sectores de la población, como los enfermos, los ancianos, las personas con necesidades especiales, discapacidad intelectual, diversidad funcional, etc., que no tienen la posibilidad de “abastecerse a sí mismos” aun cuando se le garanticen las oportunidades. De modo que la moral del respeto nos obliga a ir más allá de la libertad tanto negativa como positiva: se necesitan derechos de subsistencia, derechos de servicios médicos, entre otros; es decir, el Estado tiene la obligación de asegurar la dignidad humana a todas y todos.

Para resumir, estimamos conveniente citar un fragmento de las reflexiones que realiza Amartya Sen respecto de lo que él ha identificado como una de las críticas que se le hacen al discurso de los derechos humanos. Esto con el fin de mostrar que los derechos humanos pueden traspasar el reino de los derechos legales «potenciales». Siguiendo este razonamiento, debemos admitir que hay asuntos humanos que pueden asumir la forma de una ley nueva, una enmienda legislativa, o, por el contrario, instaurarse a través de prácticas sociales de tolerancia y adaptación frente a realidades de hecho. Cuando Sen habla de la «crítica de legitimidad» que se le hace al edificio intelectual de los derechos humanos, expresa lo siguiente:

Un derecho humano puede invocarse incluso en contextos en los que su aplicación legal parece fuera de lugar. El derecho moral de una esposa a participar por entero, en condiciones de igualdad, en las decisiones familiares importantes –independientemente de lo machista que sea su esposo– puede ser reconocido por muchos que, no obstante, no querrían que este derecho se legalizara y fuera aplicado por la policía. El «derecho al respeto» es otro ejemplo en el que la legalización y el intento de aplicación plantearían problemas y serían incluso complicados (Sen 2000: 279).

Siguiendo la lógica de A. Sen en relación con la necesidad de concebir los derechos humanos como una serie de demandas éticas, que no necesariamente debemos identificar con los derechos legislados, lo prioritario para Venezuela parecería ser –al menos en un primer momento– centrar el debate en juzgar si los derechos humanos pueden constituir el cimiento principal para impulsar un novedoso sistema de razonamiento ético, que a su vez pueda servir de base para plantear demandas políticas.

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III. Los derechos humanos en tiempos de revolución bolivariana.

Sólo cuando se reconozca en su cabal dimensión que los problemas inherentes a los derechos humanos son inseparables de los problemas que atañen a la justicia, se estará en condiciones de ofrecer soluciones verdaderamente alternativas que contribuyan a una sociedad más justa y solidaria. Esto último será posible a través del único mecanismo del que se puede disponer en el terreno político; a saber, la decisión mayoritaria democrática. Mientras este requerimiento no sea respetado, los derechos humanos en Venezuela seguirán siendo materia pendiente, tal como queda evidenciado con la propuesta de Plan Nacional de Derechos Humanos9 promovida por el Gobierno de Nicolás Maduro. Revisemos algunos de sus aspectos más discutibles, con la finalidad de alertar sobre los riesgos y peligros que entrañan para la garantía de los derechos humanos en el país.

  1. La utilización del adjetivo “socialista” cuando se refieren a la “Democracia Socialista”.

Sin duda, como ya lo han señalado los directivos de PROVEA, esto indica un sesgo en la manera cómo es concebido el régimen político –y la ideología que lo sustenta– el cual excluye de entrada a amplios sectores de la población que no se identifican con el actual régimen de gobierno.

  1. La inconstitucionalidad del Gran Objetivo Histórico 2 del Plan de la Patria y sus objetivos Nacionales: 2.2 Construir una sociedad igualitaria y justa, 2.3 Consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista.

En el primer objetivo se afirma: «2.2.2 Consolidar el Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones Socialistas Hugo Chávez, como conjunto integrado de políticas y programas que materializan los derechos y garantías del Estado Social de Derecho y de Justicia y sirve de plataforma de organización, articulación y gestión de la política social en los distintos niveles territoriales del país, para dar mayor eficiencia y eficacia a las políticas sociales de la Revolución10». No obstante, la lectura atenta de la Constitución Nacional permite constatar que con la imposición de este tipo de políticas se violan principios fundamentales de carácter universal y constitucional concernientes a la participación y el pluralismo político, además del principio de No Discriminación. De esta manera –como ya lo han denunciado en multitud de ocasiones, y por distintos motivos, varios analistas– se conculca de facto el estado democrático constitucional.

En el segundo objetivo, titulado Consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista11 se expone: «2.3 […] la gestación y desarrollo de nuevas instancias de participación popular dan cuenta de cómo la Revolución Bolivariana avanza consolidando la hegemonía y el control de la orientación política, social, económica y cultural de la nación. Lo cual es desarrollado en uno de los objetivos estratégicos donde se lee: «Promover la organización del poder popular en el sistema de agregación comunal para la Construcción del Estado Social de Derecho y de Justicia a través de instancias como consejos comunales12, salas de batalla social, comunas socialistas, ciudades comunales, federaciones y confederaciones comunales, entre otros». Pero al privilegiar y prever la exclusividad de este modelo de organización socio-política, se incurre en una violación flagrante de la Constitución y en el desconocimiento mutatis mutandis de la voluntad popular expresada en el referendo consultivo de 2007; por cuanto los Consejos Comunales y demás modalidades organizativas planteadas ahí no forman parte de la estructura de distribución del Poder Público Nacional, Estadal ni Municipal.

  1. Las condiciones sociales y económicas para la participación del pueblo y su protagonismo en la conducción política del proceso bolivariano, a través del fortalecimiento de la organización popular”.

Es de lamentar que la participación en las decisiones políticas que afectan de forma directa al ciudadano común y corriente –especialmente en un contexto de crisis profunda como el que está experimentando el país–, son casi nulas para los sectores que adversan al Gobierno y muy restringidas para aquellos sectores, estamentos sociales y personalidades que se identifican públicamente con el oficialismo. Baste con mencionar un solo ejemplo. Trabajadores de la compañía ensambladora Chery (autos chinos), denunciaron en distintos medios de comunicación nacional13 haber sido amenazados por el Gobierno con despedidos. Operadores del área de producción señalaron supuestos actos de corrupción que estarían cometiendo directivos de la empresa estatal, cuya denuncia fue introducida en el Ministerio del Trabajo, en la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del estado Aragua y la Vicepresidencia sin obtener ningún resultado. Asimismo, indicaron que el gerente general de la Planta en las Tejerías (estado Aragua) había amenazado a los obreros que han querido sindicalizarse. Según la denuncia divulgada, desde el año 2012 han introducido tres (3) proyectos para constituirse como sindicato pero ninguno ha recibido respuesta por parte de las autoridades.

  1. La organización popular se reduce a los Consejos Comunales, las Comunas y los Movimientos Sociales, señalándolos como espacios de gobierno popular.

Con ello se desconocen y excluyen múltiples formas de asociación que no responden conceptualmente al tipo de organización diseñado, promovido y, en no pocos casos, financiado por el gobierno. Para dar una idea, en ninguna parte del documento se hace alusión al papel que pueden desempeñar las ONG, las fundaciones y demás asociaciones sin fines de lucro, las agrupaciones gremiales y sindicales, mucho menos las organizaciones tradicionales indígenas y campesinas. Si bien se plantea: «Generar un espacio para el trabajo articulado en materia de derechos humanos entre el Gobierno Bolivariano y las organizaciones populares, movimientos sociales, agencias de Naciones Unidas y demás colectivos o instituciones de derechos humanos» (Pág. 12); lamentablemente no podemos perder de vista la experiencia política de los últimos quince años, caracterizada por una profunda división y una radical polarización de la sociedad venezolana. Por este motivo, no resulta inverosímil pensar que la diversidad de formas asociativas existentes en el país, representada por aquellos estamentos de la sociedad civil que no cumplen con el perfil contemplado en la tipificación oficial, tales como la Asamblea de Educación o el Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) –por solo citar dos ejemplos– están limitados de contribuir a la solución de los problemas que afectan a las personas en el ámbito en el cual trabajan, en la medida en que sus posibilidades de incidir en las políticas públicas se ven obstaculizadas. Un ejemplo emblemático de lo aquí afirmado es la aprobación de la Resolución Nº 05814 del Ministerio del Poder Popular para la Educación, publicada en la Gaceta Oficial Nº 40.029 el 16 de octubre de 2012.

  1. Se insiste en “acelerar el tránsito hacia una democracia socialista y la conquista de la mayor suma de felicidad posible”.

La utilización de un discurso tan ideológicamente sesgado no propicia la participación directa –y en igualdad de condiciones– de aquellos sectores de la población que adversan al gobierno y rechazan el modelo político «socialista», a los cuales también se les debe incluir y garantizar la protección y disfrute de sus derechos humanos. Estos sectores sostienen que el empeño en avanzar hacia la construcción del Socialismo del siglo XXI es una finalidad que conculca el Estado Democrático Constitucional; por cuanto el modelo de sociedad socialista fue rechazado rotundamente por la sociedad venezolana en el referéndum consultivo –celebrado para reformar la Constitución con el fin de adecuarla a dicho modelo– el 2 de diciembre de 2007. Tampoco se indica en ninguna parte del documento qué entiende el Ejecutivo, el gobierno en su conjunto o su funcionariado delegado por «felicidad suprema».

  1. La propuesta no contempla el apoyo a las ONG y a los grupos de la sociedad civil en su importante tarea de velar por el cumplimiento y fortalecimiento de los DD.HH.

Además de evidenciarse el uso de una terminología con la cual se omite hacer mención explícita de las ONG y las organizaciones de la sociedad civil, no se contempla entre las acciones programáticas la creación de un Observatorio Nacional de Derechos Humanos para el monitoreo de los mismos con la participación de todas y todos. Instancia que permitiría no solamente denunciar su violación, desconocimiento o impunidad respecto de casos puntuales, sino también velar porque exista una efectiva correspondencia entre la formulación abstracta plasmada en la legislación y las políticas y la realidad concreta. En su lugar, se propone «Fundar un instituto de altos estudios en derechos humanos en el Poder Ejecutivo Nacional» (Pág. 25) e «impulsar la creación del Premio Nacional de Derechos Humanos, a los fines de reconocer el trabajo desarrollado por las organizaciones y activistas comprometidos con una visión emancipadora, crítica y alternativa en la materia» (Pág. 35).

  1. Se habla de la “construcción de un discurso crítico de la visión liberal burguesa de los Derechos Humanos”.

Aparte de no explicar en qué consiste esa lectura “liberal burguesa” de los DD.HH., se soslaya un rasgo esencial vinculado a la precariedad y crisis de la noción de lo «público» en las sociedades contemporáneas, alentadas por las amenazas e incertidumbres generadas por la denominada globalización15. En efecto, hay indicadores que señalan un desgaste o rechazo de lo público –inclusive en el seno de países ubicados dentro de la órbita occidental– que de continuar profundizándose pudiera terminar provocando su virtual desaparición, o, al menos, un cambio cualitativo de su contenido formal. Uno de estos indicadores está relacionado con la tendencia a buscar formas alternas de administración de justicia racional-legal típica (campo por excelencia de lo público) como la justicia de paz o la intermediación directa o conciliación directa de un tercero, mecanismos donde se devuelve a las comunidades o a personas de prestigio dentro de éstas la resolución de conflictos o diferencias; vale decir, se delega una potestad perteneciente al campo procesal-legal al ámbito comunitario tal como sucede en muchos pueblos indígenas; o, en sus formas más espontáneas y radicales, la tendencia de ciertas agrupaciones de carácter revolucionario (como los zapatistas en México, las FARC en Colombia) de aplicar sus propios mecanismos de justicia en las zonas «liberadas» del poder central, no pocas veces inspirados en determinadas costumbres y tradiciones sociales de carácter comunitario. De igual manera, surgen novedosos movimientos sociales –con formas distintivas de organización social y económica– que tienden a reapropiarse o a redefinir lo que hasta ahora hemos conocido como espacio público para imponer con frecuencia su propia lógica de vida y acción, en abierta confrontación con el sistema imperante y su excesiva racionalidad normativista.

  1. La “concepción liberal” y el supuesto desconocimiento de la responsabilidad de las corporaciones, transnacionales e incluso particulares por la violación de los derechos humanos.

Se afirma que en la posición liberal y conservadora, que supuestamente ha privado a nivel nacional e internacional, “se privilegia a un grupo de derechos sobre otros” al imponerle al Estado abstenerse de actuar y permitir «gozar» de las «libertades» que brinda el mercado. Mas nada se menciona de aquellas situaciones en que las empresas estatales –ya sean de capital enteramente público o mixto– e incluso transnacionales que han firmado convenios con el gobierno nacional para operar en el país, violan flagrantemente los derechos humanos de un grupo de connacionales16. Frente a un escenario de esta naturaleza por parte de cualesquiera de estos actores, no se mencionan las obligaciones que tienen los agentes competentes del Estado –como máximo garante de los derechos humanos a través de sus instituciones– para tramitar las denuncias y encauzar las investigaciones a que haya lugar en semejantes casos (Pág. 12).

  1. Se reitera con mucha insistencia lo referente a la “visión emancipadora, crítica y alternativa” de los Derechos Humanos.

No obstante, en ningún punto del documento se explica en qué consiste esa visión crítica y sobre todo alternativa de los derechos humanos.

  1. No se comprende por qué después de 15 años de entrada en vigencia de la Carta Magna, se declare como objetivo específico del Plan “impulsar la adecuación del marco normativo interno a los postulados de la Constitución en materia de Derechos Humanos”.

Mucho menos cómo se compagina dicho objetivo con lo afirmado en las primeras páginas del documento del Plan donde se afirma lo siguiente: «Con la Revolución Bolivariana, el marco normativo ha incorporado los más altos estándares para la garantía y protección de los derechos humanos. La Constitución de 1999 consagra un amplio catálogo de derechos humanos –que no se agotan en los enunciados expresados en la Constitución y en los instrumentos internacionales (art. 122)– y crea la Defensoría del Pueblo para la promoción, defensa y vigilancia de los mismos (art. 280 CRBV). (Véase pág. 7)».

  1. Se declara “Impulsar la difusión de una visión de derechos de la Madre Tierra, como representación de los derechos de las generaciones presentes y futuras, así como de respeto a las otras formas de vida”.

Huelga decir que esa acción programática parece obedecer más a un mero artificio retórico que a una genuina intención. Tengamos presente que en el Plan de la Patria, al cual está circunscrita la propuesta sometida a consulta, se propone entre las metas macroeconómicas elevar la producción de crudo de 3,3 MMBD17 para el año 2014 a 6 MMBD para el año 2019. Asimismo, se establece incrementar la producción de gas natural de 7.830 MMPCD para el 2014 a 10.494 MMPCD para 2019. Como si eso no fuese suficiente para entronizar aún más el modelo rentista –económicamente dependiente y ecológicamente depredador– en el objetivo 3.1.16 se plantea «desarrollar el potencial minero nacional para la diversificación de las fuentes de empleo, ingresos y formas de propiedad social18». Todo ello a expensas de la destrucción de vastas áreas de gran diversidad biológico-cultural, por ser territorios donde viven pueblos y comunidades indígenas, y cuya acción pasa por desafectar zonas incluidas en las denominadas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAES), Parques Nacionales y Reservas Forestales. En efecto, parte del contenido plasmado en este acápite del Plan de la Patria expone lo siguiente: «Duplicar las reservas minerales de bauxita, hierro, coltán (niobio y tantalita), níquel, roca fosfórica, feldespato y carbón, con la certificación de los yacimientos ubicados en el Escudo de Guayana, Sistema Montañoso del Caribe, Cordillera de los Andes y Sierra de Perijá»; además de «Duplicar las reservas minerales de oro y diamante con la certificación de los yacimientos ubicados en el Escudo de Guayana, para su utilización como bienes transables para el fortalecimiento de las reservas internacionales».

  1. Se habla de impulsar la creación del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas a mediano plazo.

Pero dicho propósito carece de justificación dentro del Plan, porque ese instituto ya fue creado formalmente cuando entró en vigencia la Ley de Idiomas Indígenas19 en el año 2008. En el Título II, Del Ente Nacional de Idiomas Indígenas, se estipula lo siguiente: Creación del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, artículo 9 «Se crea el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, como ente descentralizado de carácter académico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito al órgano rector en materia de educación». Si bien es cierto que su puesta en funcionamiento ha sido administrativamente postergada hasta la actualidad, el pasado 09 de agosto la entonces Ministra para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, anunció su “oficialización” con el nombramiento de Karym Herrera (indígena wayuu) como Presidenta y Armando Marín (indígena warao) como Vicepresidente20.

  1. La Omnipresencia del Estado en los organismos internacionales de protección de DD.HH.

Lo planteado en este punto contradice en buena medida el discurso previo respecto de la participación del poder popular (Cuarto Eje, Pág. 37), por cuanto reserva al Estado la representación omnímoda de la sociedad civil en el seno de los Organismos Internacionales encargados de velar por los derechos humanos.

  1. Se supedita el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado venezolano en materia de Derechos Humanos a lo previsto en la Constitución de la República.

Con ese discurso se desconoce veladamente el rango constitucional que adquirieron los Convenios y Pactos internacionales que han sido ya ratificados y suscritos por la República, de conformidad con el artículo 23 de la Constitución que reza lo siguiente: “Los tratados, pactos y convenciones relativas a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecerán en el ordenamiento interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público”.

  1. Se encarga a los mismos entes del Estado la responsabilidad de “establecer un mecanismo permanente para el seguimiento de la implementación de las recomendaciones realizadas al Estado venezolano por los órganos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”.

Mas no se mencionan cuáles entes serían y, a fortiori, cuáles serían sus funciones y responsabilidades. Aunque sin duda, lo más preocupante sobre este tema se refiere a cómo se pudiera implementar un mecanismo de evaluación transparente en las actuales circunstancias políticas, toda vez que no se observa la necesaria independencia de las instituciones públicas del país, destacándose en este particular la actuación de la Defensoría del Pueblo con su marcada parcialización hacia el Ejecutivo. En este contexto, no se reconoce el valor y la garantía que representa la participación libre y democrática de las distintas organizaciones de la sociedad civil, y el pueblo organizado en general, sobre esta materia.

  1. No se comprende por qué se incluye sancionar y promulgar leyes en el área de educación indígena.

Debido a que la normativa que rige a la educación propia y a la educación intercultural bilingüe para los pueblos indígenas, ha sido suficientemente desarrollada en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005), la Ley de Idiomas Indígenas (2008), la Ley Orgánica de Educación (2009), lo dispuesto en la Ley Aprobatoria del Convenio 169 de la OIT (2001) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). Adicionalmente, el 16 de julio de 2014 fue aprobado en primera discusión el Proyecto de Ley de Educación de los Pueblos Indígenas, respecto del cual se desconocen las causas que han ocasionado el retardo legislativo para su sanción definitiva. Más incomprensible aún resulta que esta acción se proponga como un «objetivo a largo plazo».

  1. Se propone avanzar en la promulgación de la ley de jurisdicción especial indígena, atribución cardinal para el ejercicio de los derechos humanos de estos pueblos, pero como un objetivo a largo plazo.

A pesar de encontrarse inserta en el Capítulo III del Título V de la Carta Magna –al igual que la jurisdicción militar y la justicia de paz– relativo al Poder Judicial y al Sistema de Justicia Nacional (artículo 260); contemplarse su alcance en el artículo 1 y los artículos que van del 130 al 141 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas; además del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007. En este particular es importante destacar –tal como lo explica el Dr. Colmenares21– que no es necesaria una ley22 reglamentaria que regule la Coordinación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena para su aplicación plena. De acuerdo con lo señalado por Colmenares, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia así lo entendió al dictar la sentencia del 19 de mayo de 2000, en la cual, reconociendo el principio de progresividad que rige en materia de derechos humanos, eliminó el carácter “programático” de las normas constitucionales, estableciendo que «no se requiere la intermediación de la legislación para ser aplicada directamente, hecho éste al que alude la parte recurrente como indispensable. De esta manera, sería inaceptable calificar la norma como programática, por no haberse promulgado legislación que la desarrolle, dado que en definitiva sería negar la aplicación de una disposición constitucional». En consecuencia, tal como lo afirma Colmenares, independientemente de que algunas disposiciones constitucionales carezcan de reglamentación legal, deben ser aplicadas de modo que permitan al titular del derecho hacer valer su ejercicio y defensa.

  1. Se habla de “dar continuidad al proceso de demarcación del hábitat y tierras colectivas indígenas”.

Pero no se propone entre los objetivos reconocer las autodemarcaciones indígenas23 que ya han sido elaboradas por muchos pueblos y comunidades, junto a aliados/as, pese a que éstas materializan su forma de apropiación territorial y la representación simbólico-cultural de su territorio. Como bien lo apunta Aguilar Castro: «Los títulos que hasta ahora se han entregado en el país, no han contado con el visto bueno de la mayor parte de las organizaciones indígenas de base. Por otra parte, los títulos no responden al espíritu de lo que el legislador trató de plasmar en la CRBV. En la mayoría de los casos, se han entregado títulos sobre tierras y no sobre territorios, es decir, sobre conucos en los que se han excluido por ejemplo, los sitios y lugares sagrados» (Pág. 12). En este sentido, tampoco se refiere alguna medida que tenga por finalidad revisar la validez de esos títulos de tierras que han sido entregados por comunidades aisladas y no por pueblos; con la inadmisible excusa de que la adjudicación por comunidad se aproxima más a la idea de tierras, mientras que la realizada por pueblos respondería a la noción de hábitat.

Aun cuando en la Carta Magna se establece la titulación de los territorios indígenas en un plazo no mayor a dos (2) años, luego de su entrada en vigencia, de acuerdo con los datos publicados en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Pueblos Indígenas24, hasta el año 2013 apenas se había titulado 1.125.965,58 has., lo cual “benefició” a 43.195 indígenas de los más de 724.592 que habitan en el país según el último censo del año 2011.


1 Plan Nacional de Derechos Humanos, 2015-2019. Caracas: Vicepresidencia de la República. [Consultado el 23 de agosto de 2015].

2 PROVEA, Organizaciones Sociales Independientes ante consulta de Plan propuesto por el Gobierno sobre derechos humanos. 2015, agosto 28. [Boletín en línea].

3 Plan de la Patria. Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2103-2019. Gaceta Oficial Nº 6.118, Extraordinario del 4 de diciembre de 2013.

4 Gaceta Oficial Nº 592, Extraordinario del 12 de agosto de 2009. En su artículo 10, titulado Base poblacional para diputados y diputadas se establece lo siguiente: En cada estado y en el Distrito Capital, se elegirán tres diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, más un número de diputadas o diputados igual al resultado de dividir el número de su población entre una base de población igual al uno coma uno por ciento (1,1%) de la población total del país.

5 Sen, A. 2000. Desarrollo y libertad. [Trads.]. Esther Rabasco y Luis Toharia. Barcelona: Planeta. Pág. 276.

6 Canelón, Fidel. 2010. Política de la alteridad. Caracas: Universidad Central de Venezuela. Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico. Págs. 73y 78.

7 Las ideas expuestas aquí están basadas en la Conferencia que dictó el Dr. Ernst Tugendhat en la Asociación Humboldt de Caracas. Para una visión detallada de esta discusión, véase: Tugendhat, E. 1993. Justicia y derechos humanos. CRITERION. Caracas: Corporación Belmont.

8 A este tipo de sociedad se suele contrastar con una sociedad donde únicamente se habla de obligaciones –como la del antiguo testamento, donde el concepto de derecho solo está implícito– y una sociedad en donde existe un sistema legal en el que se habla de derechos generales, los cuales están reservados sin embargo a cierta clase de personas que dependen de las leyes correspondientes.

9 Plan Nacional de Derechos Humanos, 2015-2019. Caracas: Vicepresidencia de la República. [Consultado el 23 de agosto de 2015].

10 Plan de la Patria. Pág. 53.

11 Ibídem. Pág. 59.

12 En el siguiente objetivo se plantea una cobertura de 70% de la población venezolana organizada en Consejos Comunales para el año 2019.

13 www.el-nacional.com/economia/gobierno-amenaza-despedir-trabajadores-chery_0_686931334.html

14 El Tribunal Supremo de Justicia declaró improcedente el recurso de nulidad interpuesto por la asociación civil sin fines de lucro Red de Padres y Representantes contra la Resolución 058, ya que con esta disposición se crea y regula la figura de Consejos Educativos en sustitución de las Sociedades de Padres y Representantes. En este sentido, Leonardo Carvajal, quien es miembro de la Asamblea de Educación, denunció que esa resolución contradice el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación y el 76 de la Constitución Nacional al excluir a los Padres, Madres y Representantes de los Comités Académicos de cada institución, justamente los que se encargan de apoyar y velar por la formación de los estudiantes. Véase: www.cerpe.org.ve/noticias-lector-principal/items/169.html

15 Canelón, Fidel. 2010. Política de la alteridad. Caracas: Universidad Central de Venezuela. Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico. Págs. 172, 173 y 174.

16 El 28 de febrero de 2011, Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco, fue condenado a siete años y dos meses de prisión tras su comparecencia ante el Tribunal Sexto de Juicio, donde brindó su testimonio final y recibió sentencia. El sindicalista fue acusado de cargos derivados de su participación en una huelga en la empresa estatal Ferrominera del Orinoco en 2009, a través de la cual los trabajadores buscaban el cumplimiento del contrato colectivo por parte de la empresa. Véase: www.aporrea.org/actualidad/n175982.html Gracias a la presión social ejercida por las organizaciones de DD.HH. y otros grupos sociales, el jueves 24 de abril de 2014 el tribunal 24 de Juicio del Área Metropolitana lo declaró inocente restituyéndole su libertad.

17 Léase MMBD como millones de barriles diarios y MMPCD como millones de pies cúbicos diarios.

18 Véase Plan de la Patria, Pág. 80.

19 Gaceta Oficial Nº 38.981 de fecha 28 de julio de 2008.

20 www.antv.gob.ve/m9/ns_noticias_antv.asp?id=61207

21 Colmenares, Ricardo. 2011. Desarrollo de la jurisdicción especial de los pueblos indígenas y mecanismos de coordinación con el sistema judicial nacional. En: El Estado ante la Sociedad Multiétnica y Pluricultural. Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos Indígenas en Venezuela (1999-2010). Bello, Luis (Editor). Grupo de Trabajo Socio-ambiental de la Amazonia (Wataniba) y Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA). Págs. 240-242.

22 El 06 agosto de 2014 fue aprobado en primera discusión, por la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley de Coordinación de la Jurisdicción Especial Indígena con el Sistema de Justicia Nacional. No obstante, hasta la fecha no se sabe qué ha pasado con su segunda discusión y posterior aprobación.

23 Para una visión detallada de los derechos indígenas pendientes, léase: Aguilar Castro, Vladimir. 2015. Los derechos de los pueblos indígenas en Venezuela. Premisas, balances y perspectivas en 15 años de Constitución, próximo a publicarse en la edición aniversario de la Academia de Ciencias Sociales y Políticas de Venezuela [Documento proporcionado por el autor].

24 Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. 2013. Logros más resaltantes. Pág. 10 [Mimeo]