Invasiones urbanas avanzan sobre territorios de los pemón

-Caño Amarillo, invasión ya consolidada en terr enos de la  comunidad de Sampai

En 17 años, desde 1997 a 2015, Santa Elena de Uairén pasó de tener 11.000 habitantes a ser lugar de residencia de 26.000 personas.

La mayoría de los nuevos vecinos de la Gran Sabana habita en las invasiones que se han extendido en los alrededores de este centro poblado que es la única zona no indígena del municipio Gran Sabana, territorio ancestral del pueblo indígena pemón.

Mientras los foráneos reivindican su derecho a tener un espacio en donde vivir y a ubicarse en donde consideran que pueden ganar para su subsistencia, los pemón defienden parte de lo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), aprobada en 1999 y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), en vigencia desde 2005, les garantizan.

Santa Elena, capital municipal, se encuentra a 1350 kilómetros de Caracas y es la última ciudad venezolana hacia el sureste profundo del país, en la frontera con Brasil.

Santa Elena es una localidad de escasos servicios, las redes de aguas, electricidad y vialidad se han hecho insuficientes, rodeada de áreas protegidas, dado su incalculable valor ambiental. Acá se ubican los tepui,  un vocablo pemón que hace referencia a los cerros de cimas planas y se encuentran las nacientes de la Cuenca Hidrográfica del Caroní, una red de ríos que genera 70% de la electricidad que consume la nación.

De los 36.000 kms² del municipio Gran Sabana, 30.000 kms² forman el Parque Nacional Canaima, declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad en 1994.

Issam Mady, un sociólogo que entre 1981-1984 realizó su tesis de doctorado universitario para la Universidad de París Diderot en torno al Proceso de Socialización del Niño Pemón y quien desde entonces habita en la zona, nos explicó que el crecimiento de esta ciudad fronteriza responde a un patrón acelerado, distinto al que se da en el resto del país, con excepción de Las Claritas, otra población del estado Bolívar, la misma provincia en donde se ubica Santa Elena y precisó que ambas localidades coinciden en su condición minera.

El Estado Venezolano se reserva la explotación y comercialización de sus minerales, pero, en 2013, mediante un acuerdo entre el Gobierno Nacional y los líderes indígenas, se les permitió, solamente a los pemón, continuar con la actividad artesanalmente, lejos de las áreas resguardas y de los ríos y siempre y cuando recuperen las áreas afectadas.

Mady analizó que al caer la actividad económica en las zonas urbanas del país, buena parte de la población tiende a desplazarse hacia las minas, en busca de oro y diamantes y esto incidió en que si bien, de acuerdo a lo esperado, la ciudad debió crecer 25% en 20 años, llegar a tener 13.500 habitantes, su crecimiento se ubicó en 600%.

Evaluó, sin embargo, que el gran atractivo de Santa Elena para los migrantes es la posibilidad de participar del contrabando de combustible y calculó que al menos 1.200 personas surten habitualmente en las estaciones de servicio para luego vender el líquido a quienes lo llevan hacia las minas o a los brasileros, quienes cruzan la frontera en busca del carburante barato. De ser así, alrededor de 6.000 personas vivirían del este tráfico.

Brisas de Dios , invasión realizada en 2015 sobre jurisdicción de Sampai

Según sus indagaciones, los nuevos colonos llegan por vínculos familiares o de amistad, unos traen a otros, los que ya están establecidos en el sitio les recomiendan a sus familiares moverse hacia la frontera en donde consideran que es fácil invadir y generar dinero vendiendo gasolina, un negocio para el cual sólo necesita de un carro viejo.

En Venezuela, un litro de gasolina cuesta menos de un bolívar, en las minas de oro y diamante un tambor de 200 litros se vende entre Bs. 20. 000 a Bs. 350 000, dependiendo de la distancia entre la mina y Santa Elena y de si el traslado es terrestre, aéreo o fluvial y los brasileros pagan hasta 2 reales por un litro, el equivalente a Bs. 230 bolívares. En Brasil un litro cuesta casi cuatro reales, alrededor de 400 bolívares, al cambio no oficial.

Los nuevos habitantes de esta remota frontera proceden del sur de los estados Anzoátegui y Monagas y desde Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz y San Félix, zonas petroleras o de industrias básicas como el aluminio y el hierro.

En Santa Elena, se han dado al menos 20 invasiones en los últimos 17 años, 17 de ellas se han consolidado transformándose en barriadas de insuficientes servicios, que luego dan paso a urbanismos populares o constituidos por casas financiadas por el Estado.

El Salto, Los Araguatos, La Constituyente, La Bolivariana, Los Pinos, Francisco de Miranda, Ezequiel Zamora, Andrés Bello, Simón Bolívar, Caño Amarillo, Puerto San Rafael, Lomas y Terrazas de Akurimá, 17 de agosto y Brisas de Dios nacieron a partir de ocupaciones espontáneas de tierras en los linderos de la ciudad no indígena de cara a los territorios considerados como propios por las comunidades ancestrales.

Jorge Gómez, coordinador del Consejo de Caciques del Pueblo Pemón, reiteró que las invasiones afectan a su pueblo al darse sobre su territorio y esto a pesar de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI) garantizan el derecho de los grupos originarios sobre los espacios en donde habitaron sus ancestros.

Relató que quienes invaden llegan con sus costumbres, como levantar cercas e impedir el tránsito libre hacia las áreas en donde desde tiempos inmemoriales habitan los pemón, ” Colocan letreros que dicen NO PASE”, expresó Gómez, refiriéndose a un hábito que a él y a su gente les resulta absolutamente ajeno e incómodo.

Adicionalmente, comentó que con las invasiones han llegado miembros de los llamados “sindicatos”, bandas que controlan, mediante las armas, las minas del sur venezolano.

17 de agosto, otra de las invasiones sobre un morichal, humedal

El cacique pemón aseguró que esta situación se evidenció recientemente en la mina de la comunidad indígena de San Antonio del Morichal, un asentamiento localizado a 10 kilómetros de Santa Elena de Uairén, sobre la línea de hitos fronterizos, en donde inesperadamente surgió un productivo yacimiento de oro a finales de mayo de 2015.

Hasta allá llegaron cuatros sujetos armados, se auto identificaron como sindicalistas y amedrentaron a los miembros de la comunidad para apoderarse del mineral. Por lo pronto, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) logró sacar del sitio a los irregulares y los propios habitantes de San Antonio se ocuparon de controlar el acceso a sus espacios.

Gómez está al tanto de que las leyes venezolanas respaldan los derechos del pueblo pemón sobre sus territorios, de que prohíben las invasiones y aún más si estas se realizan sobre áreas boscosas y nacientes de agua y recordó que tanto la Alcaldía como otras instituciones, con competencia ambiental, deben ocuparse de hacer cumplir la ley.

Sin embargo, ante su reiterado incumplimiento, manifestó que su gente está dispuesta a actuar. “Ante la próxima invasión, las comunidades indígenas van a tomar medidas”.

“Yo no estoy peleando por oro, estoy peleando por mi territorio”, exclamó Evelín Pulido, capitana de la comunidad de Wará, ante la situación que se presentó en San Antonio.

Pulido, quien fue comisionada por el Consejo de Caciques Generales para atender la más reciente invasión, llamada Brisas de Dios, en terrenos de la comunidad de Sampai, nos conversó que estas ocupaciones además de medrar los territorios indígenas, traen a estos confines problemas de inseguridad, drogas, prostitución y a personas solicitadas por la justicia que buscan en la frontera un lugar en dónde esconderse.

Pulido cree que la solución al problema de las invasiones pasa por la realización de un censo para identificar a las personas que realmente tienen más de 10 años residiendo en Gran Sabana y que están dispuestas a convivir de acuerdo con las normas de las comunidades indígenas. Para ellos, algunas comunidades estarían dispuestas a ceder espacios. Para quienes se niegan a adaptarse a la forma de vida de su pueblo, considera que es mejor “abandonar nuestro municipio”.

Las comunidades de Maurak, Manak Krü y Kanayeütá al parecer están dispuestas a dar parte de sus tierras, mientras que Maurak, Santo Domingo, Waramasén, San Antonio, Betania y Chirikayén coinciden en que no quieren dar ni un palmo más.

“De lo contrario que crezcan hacia arriba”, dijo refiriéndose a que la Alcaldía podría recurrir a la construcción de edificios, urbanismos verticales, para solucionar el problema de vivienda que se vive en esta municipalidad.

No obstante, relató que, en 2006, la comunidad de Wará cedió parte del cerro Akurimá para que 50 familias mixtas, conformadas por un miembros de la pareja indígena y uno no indígena, construyeran sus casas “y he tenido problemas porque quieren mandar, no quieren saber nada de la capitanía”, es decir de las autoridades tradicionales.

Mady, por su parte, cree que debe ser la Alcaldía del Municipio Gran Sabana la que asuma las invasiones y se ocupe de organizar a los nuevos colonos. Eso sí, tomando en cuenta que el presupuesto mensual de la institución es de apenas $.2 por habitante.

La solución, entonces, parece estar del lado de las autoridades, nacionales, regionales y municipales, por su capacidad para ordenar, de acuerdo a criterios ambientales, sociales y culturales, el poblamiento de esta zona. De lo contrario, las comunidades pemón, como dijo Gómez, se encargarán de tomar medidas amparados en la CRBV Y en la LOPCI.

 

Por Morelia Morillo Ramos, periodista.

Fotografías: Morelia Morillo Ramos